A quién le corresponde pagar los gastos de la vivienda familiar privativa, cuyo uso y disfrute ha sido otorgado al cónyuge no titular en el procedimiento de divorcio o separación.

Resulta evidente que una de las cuestiones que ocupan el centro de los procedimientos de disolución del matrimonio, es la relativa a la atribución del uso de la vivienda familiar a uno u otro cónyuge, o bien al hijo común y en consecuencia, al cónyuge custodio.

        Efectivamente, toda vivienda genera gastos que hay que pagar, si bien la determinación de cuál de los cónyuges ha de venir obligado a ello, suele generar controversias entre las partes. Los mayores problemas se plantean en aquellos casos en los que el uso de la vivienda privativa, le corresponde al cónyuge no titular.

        “Los mayores problemas se plantean en aquellos casos en los que el uso de la vivienda privativa, le corresponde al cónyuge no titular”.

        Muy esquemáticamente, vamos a ver los gastos de los que, sin perjuicio de lo acordado entre las partes, van a tener que hacerse cargo uno u otro cónyuge en función de la calificación del gasto.

       Así, en primer término, debemos distinguir según los gastos vengan derivados del mero uso de la vivienda y aquellos que sean consecuencia de la propiedad de la misma. Siendo así que, en general, de los gastos de uso se hará cargo el cónyuge a quien fue atribuido el disfrute del inmueble, mientras que de los gastos derivados de la propiedad, se hará cargo el propietario. No obstante, muchas veces no es fácil distinguir entre unos y otros.

       “Debemos distinguir según los gastos vengan derivados del mero uso de la vivienda y aquellos que sean consecuencia de la propiedad de la misma”.

       Atendiendo a la doctrina y jurisprudencia recientes, podemos hacer la siguiente clasificación:

i.- GASTOS DERIVADOS DEL USO DE LA VIVIENDA. Lógicamente, a satisfacer por el cónyuge que disfrute de la misma.

  • Suministros. Agua, gas, electricidad, teléfono. Así lo dispone la SAP Asturias, de 14 de enero de 2010.
  • Comunidad de propietarios. Las cuotas ordinarias serán abonadas por quien usa la vivienda, así lo prevé el Tribunal Supremo, Sala Primera, en la STS de 28 de marzo de 2011; SAP Cádiz, de 5 de julio de 2010 y la SAP Madrid, de 12 de enero de 2010.
  • Reparaciones. Las que proceden del uso normal o desgaste ordinario de la vivienda. En este caso se sigue la lógica marcada para las reparaciones prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
  • Tasa de basuras. Cuyo devengo se estima acertadamente que deriva del uso del inmueble.

ii.- GASTOS DERIVADOS DE LA PROPIEDAD. Que serán satisfechos por el propietario del inmueble.

  • Comunidad de Propietarios. Las cuotas extraordinarias, es decir, las derramas que eventualmente hay que abonar por diferentes motivos, serán a cargo del propietario de la vivienda.
  • Reparaciones. Las de carácter extraordinario que hayan de acometerse en el inmueble. Sigue igualmente las prescripciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
  • Hipoteca. Serán a cargo del cónyuge titular las cuotas del préstamo hipotecario, si bien, en aquellos casos en que la vivienda forme parte de la sociedad de gananciales o los cónyuges sean copropietarios en proindiviso, se abonarán las cuotas por partes iguales o en función de la participación que cada uno tenga en el condominio.
  • Tributos (IBI) y seguros. Nuestro Tribunal Supremo hace recaer estos gastos en el titular de la vivienda, si bien en los supuestos previstos para la hipoteca, serán abonados por ambos al cincuenta por ciento, o bien según las participaciones en el régimen de propiedad, en los casos de condominio o sociedad de gananciales.

       Como podemos observar, por tanto, salvo pacto expreso entre las partes, el régimen de gastos de los que se hará cargo uno u otro cónyuge, sigue cierta lógica en función de que los mismos sirvan al uso o a la propiedad del inmueble. De este modo, sin perjuicio de que alguna de estas partidas pueda crear cierto debate y ante la ausencia de reglas positivas, existe bastante seguridad jurídica a la hora de afrontar y plantear un procedimiento de disolución matrimonial, siguiendo estos parámetros marcados por la jurisprudencia.

ADRIÁN DOMINGO RODRÍGUEZ.

ABOGADO.

Next
Clave para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.