“No se permite establecer ninguna limitación temporal a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo”.

LA ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR Y SUS LÍMITES EN EL ÁMBITO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO.

       Como ya habíamos comentado en alguna otra ocasión, no cabe duda de que en el ámbito del procedimiento de divorcio, la atribución del uso de la vivienda familiar a uno u otro cónyuge, o al hijo y al cónyuge en cuya compañía quede, constituye uno de los elementos más controvertidos a discutir en sede judicial.

         Efectivamente, la prescripción más importante en este sentido es la contenida en el siempre criticado artículo 96.1 del Código Civil, que establece lo siguiente:

         “En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponden a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden”.

         Las críticas a esta norma se han acentuado desde el comienzo de la crisis económica, toda vez que los perjuicios que se producen al cónyuge no custodio, que pierde el uso del inmueble, pueden ser de una notable relevancia, si bien conviene precisar que no se trata de una expropiación, sino de una privación del uso.

         Lo cierto es que la jurisprudencia ha sido clara al reiterar que la del artículo 96 es una regla taxativa, por lo tanto admite muy pocas interpretaciones encaminadas a modularla, toda vez que la norma que integra está dirigida a la protección de los intereses superiores de los menores. En este sentido hay que tener en cuenta que la atribución del uso de la vivienda familiar forma parte del derecho de alimentos, concretamente constituyendo el derecho de habitación.

        “La del artículo 96 es una regla taxativa, por lo que admite muy pocas interpretaciones encaminadas a modularla”.

        No obstante lo anterior, en la práctica, la jurisprudencia menor ha tendido en numerosos supuestos a limitar temporalmente la atribución del uso de la vivienda, por ejemplo, hasta la liquidación de la sociedad de gananciales, momento en el que se presuponía que los cónyuges tendrían posibilidades de adquirir otras viviendas y proporcionar el debido derecho de habitación a los hijos.

       “La jurisprudencia menor ha tendido en numerosos supuestos a limitar temporalmente la atribución del uso de la vivienda, por ejemplo, hasta la liquidación de la sociedad de gananciales”.

         Así las cosas, el 1 de abril de 2011, la Sala Primera del Tribunal Supremo estableció como doctrina jurisprudencial que no podría limitarse temporalmente la atribución del uso de la vivienda familiar, ex artículo 96.1 CC, en tanto los menores lo sigan siendo.

         Correlativamente con lo anterior, merece especial mención la STS 282/2015, de 18 de mayo, en cuyo fundamento jurídico segundo reitera que la regla del artículo 96 CC “es una regla taxativa que no permite interpretaciones temporales limitadoras. Incluso el pacto de los progenitores deberá ser examinado por el juez para evitar que se pueda producir este perjuicio”.

         Dicha sentencia continúa diciendo que “el principio que aparece protegido en esta disposición (art. 96 CC) es el del interés del menor, que requiere alimentos que deben prestarse por el titular de la patria potestad, y entre los alimentos se encuentra la habitación […]”. Por consiguiente, aunque el uso temporal de la vivienda pudiera ser una solución de futuro, dicen las sentencias de 1 y 14 de abril y 21 de junio de 2011 que “no corresponde a los jueces interpretar de forma distinta esta norma, porque están sometidos al imperio de la ley (117.1 CE). Efectivamente, esta norma no permite establecer ninguna limitación a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos que tiene el menor en una situación de crisis de pareja”.

       “Esta norma no permite establecer ninguna limitación a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el interés que se protege en ella […] son los derechos que tiene el menor en una situación de crisis de pareja”.

         De este modo, la Sala Primera es tajante a la hora de admitir que una interpretación correctora de la norma contenida en el artículo 96 CC, que permita la limitación temporal del uso de la vivienda familiar “implicaría siempre la vulneración de los derechos de los hijos menores, que la Constitución incorporó al ordenamiento jurídico español (arts. 14 y 39 CE) y que después han sido desarrollados en la Ley Orgánica de protección del menor”.

         Ha quedado claro, por lo tanto, que la regla de atribución del uso de la vivienda contenida en nuestro Código Civil, no admite interpretaciones restrictivas de la misma. Esto no obstante, no debemos desconocer la existencia de ciertas limitaciones que vienen a acotar la virtualidad de la norma.

         “No debemos desconocer la existencia de ciertas limitaciones que vienen a acotar la virtualidad de la norma”.

          Siguiendo con lo anterior, en relación a los límites que se imponen al artículo 96 CC, es especialmente representativa la STS 423/2013, de 17 de junio, que reproduce parte del contenido de la anterior STS 282/2015, de 18 de mayo y, en lo que nos ocupa, admite en su fundamento jurídico segundo la existencia de dos factores que eliminan el rigor de la norma. Tales son los siguientes:

1.- El carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la medida.

2.- Que el hijo no precise de la vivienda por encontrarse satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios. Solución que requiere que la vivienda alternativa sea idónea para satisfacer el interés prevalente del menor.

         Como se puede observar y a título de conclusión, la jurisprudencia es consciente de la realidad social actual y de las posibles consecuencias perjudiciales a que conlleva aplicación estricta del artículo 96 CC, es por ello que trata de conciliar con bastante acierto la protección de los intereses superiores de los menores, a la vez que pone coto a la rigurosidad de la norma que prevé la atribución del uso de la vivienda familiar, estableciendo las dos limitaciones anteriormente citadas.

ADRIÁN DOMINGO RODRÍGUEZ

ABOGADO

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